ABC del acceso a la información

Si nos interesa que el acceso a la información sea efectivo y que la participación ciudadana en asuntos ambientales sea real, es necesario que la información ambiental sea comprensible. Es decir, que sea ofrecida o esté, incluso desde que se produce, en un lenguaje y en un formato que permita entender su contenido, sin que sea indispensable acudir a un tercero en calidad de “traductor”.

En el debate sobre la reforma o la eliminación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) es indispensable recordar que, al expedir la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el legislador designó a la PGN como su órgano garante y le confió la función de velar por su promoción y cumplimiento.

Más que un llamado para el gobierno, este es uno para las organizaciones que trabajamos en la lucha contra la corrupción, la promoción del acceso a la información pública y la participación ciudadana.

Para avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información en los términos estipulados por la Ley de Transparencia, se hace necesaria la revisión de las prioridades y las herramientas de los organismos encargados del seguimiento y de la promoción de la ley.

La labor realizada por Temblores no sería posible sin la valentía de la ciudadanía que diariamente asume la responsabilidad de registrar los hechos de violencia policial. Creemos que es en el poder ciudadano en el que está la posibilidad de lograr cambios sustanciales que nos permitan tener e imaginarnos una sociedad menos violenta y más democrática, y desde el consenso social impulsar una reforma policial inclusiva y diversa.

La inexistencia del acta de la reunión con la CIDH, el descarte de la evaluación de MOTA y la afirmación errónea en la calificación de accesibilidad de la página web de la entidad desdicen del cumplimiento de las funciones de la Procuraduría como órgano garante de la transparencia en Colombia.

El rastreo de nombres, cuentas y direcciones IPs de miles de personas en redes sociales bajo el supuesto de una actividad ilegal tiene implicaciones graves para la libertad de expresión, de opinión y para el derecho a la privacidad.

En el Paro Nacional que inició en noviembre de 2019 ya se habían encendido las alertas sobre la falta de garantías para el libre ejercicio periodístico. Lo que ha pasado desde que comenzaron las protestas del 28 de abril de 2021 así lo confirma, acentuando las preocupaciones sobre el registro y cubrimiento de lo que está pasando.

La conversación pendiente entre el gobierno colombiano y los jóvenes fue fundamental en la gestación de un nuevo Paro Nacional en 2021. Paro que, además de ser más fuerte y organizado, tuvo como su principal y más visible actor a la juventud colombiana.