Procuraduría: hora de transparentar con el ejemplo

Por Dejusticia

En el marco del convulso y prolongado Paro Nacional de 2021, la mañana del lunes festivo 7 de junio se reunieron la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Era, sin duda, la reunión más importante del año entre las entidades responsables de garantizar los derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional, respectivamente. Una reunión que, además, estaba rodeada por altas expectativas, pues se daría en el contexto de la visita oficial de la CIDH para documentar la situación de derechos humanos en el país, y que fue aceptada por el Gobierno nacional, a regañadientes, por presiones de la comunidad internacional y de la sociedad civil.

Advertidos de la importancia política, social y jurídica que tenía el encuentro entre las cabezas de estas entidades, el viernes 4 de junio, desde Dejusticia, solicitamos a la Procuradora que levantara un acta de la reunión y que la hiciera pública.

El domingo 6 llegó la respuesta: el acta “no existe” porque no había tenido lugar la reunión y era imposible remitirla, pero “toma[ban] atenta nota” de la solicitud. Es por lo menos inusual que una entidad pública responda un domingo una petición radicada el viernes anterior. Tanta celeridad nos impresionó positivamente y asumimos que tomar “atenta nota” suponía que recibiríamos el acta una vez tuviera lugar la reunión. Pero no fue así.

Tuvimos que solicitar nuevamente el acta de la reunión. El 13 de julio la Procuraduría nos respondió que, en las reuniones entre altos dignatarios de la entidad y organizaciones internacionales “no es usual la elaboración de actas oficiales que den cuenta de lo tratado”.

Esta respuesta es preocupante por al menos dos razones. Primero, porque la Procuraduría es, según la Ley de Transparencia, el órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública en Colombia y, como tal, está encargado de promover la transparencia de la función pública. ¿No era un ejercicio básico de transparencia realizar un acta de la reunión institucional de más alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en el país en lo que iba corrido del año? Y segundo, porque esta respuesta sienta un mal precedente de cara a la rendición de cuentas de las entidades públicas. ¿No deben todas las autoridades públicas documentar sus actuaciones? ¿Lo que hacen, incluyendo las reuniones con funcionarios de alto nivel, no debería quedar registrado y lo discutido allí debidamente documentado? ¿La autoridad garante de la transparencia no debería predicar con el ejemplo? El caso, lejos de ser una cuestión menor, es preocupante: denota poca transparencia y da mal ejemplo en un asunto de indiscutible interés público. ¿Se tratará solo de un caso aislado de falta de transparencia de esta nueva Procuraduría? Difícil saberlo, aún.

No desconocemos que en nuestras pesquisas sobre la transparencia de las actividades de la Procuraduría, con ocasión del Paro Nacional de 2021, esta entidad nos remitió una versión pública del informe presentado ante la CIDH en el que, tras relatar algunos sucesos, da cuenta del ejercicio de sus competencias. Sin embargo, en su oficio de respuesta, notamos un asunto que, a primera vista, parece menor, pero que no lo es. Y también nos preocupa. 

En nuestra petición le informamos a esta entidad que su página web obtuvo un puntaje de 56 sobre 100, según los criterios de MOTA, una herramienta desarrollada por Dejusticia y disponible en Internet que, desde agosto de 2020 califica la transparencia y accesibilidad de los sitios web de las entidades públicas. Una calificación modesta para el órgano garante de la Transparencia. Pues resulta que la Procuraduría se sintió mal evaluada y aludida y, en su oficio de respuesta, nos indicó que su sitio web obtuvo una calificación AAA en Taw, una herramienta disponible en Internet que mide la accesibilidad de los sitios web. A diferencia de MOTA, Taw solo evalúa la accesibilidad de los sitios web con criterios técnicos; MOTA lo hace combinando criterios técnicos, con los criterios jurídicos definidos en la legislación colombiana, por lo que no son comparables. En todo caso, al poner a prueba la afirmación de la Procuraduría descubrimos que no es cierta, pues su calificación de su página web, según Taw, es de AA (figura 1).

La inexistencia del acta, el descarte de la evaluación de MOTA y la afirmación errónea en la calificación de accesibilidad de la página web de la entidad desdicen del cumplimiento de las funciones de la Procuraduría como órgano garante de la transparencia en Colombia. Como sociedad civil le exigimos a la Procuraduría que predique con el ejemplo y que, especialmente en su caso, la transparencia sea como dice la ley, la regla y no la excepción. En todo caso, en DesTápate seguiremos “tomando atenta nota”.