El propósito de este evento de conmemoración fue realizar un balance, desde una perspectiva multisectorial, del estado actual del derecho de acceso a la información pública en Colombia e identificar las principales líneas de acción para favorecer su ampliación y garantía en los próximos años.

La obstrucción a la información, la poca ocurrencia de ruedas de prensa con el presidente, las más de 400 horas de un programa de televisión sin derecho a preguntas y la duplicación de los tiempos de respuesta de derechos de petición son los ejemplos más graves del detrimento en la relación del gobierno saliente con la prensa, en especial en términos de transparencia y acceso a la información.

Las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ) están compuestas por Consejeros de Juventud y funcionarios públicos, tienen como fin concertar el gasto en juventud y generar acciones de política pública, y cuentan con la veeduría de las Plataformas de Juventudes para garantizar una mayor pluralidad y representación juvenil.

La Ley de Transparencia es un instrumento de gran potencia si es tomada en serio. Esa potencia nos obliga a tener que revisar con una mirada honesta muchas disposiciones y procesos de acceso a información de actuaciones, procesos y procedimientos, algunas de las cuales son tan antiguas, en su origen, como el Artículo 123 del Código General del Proceso (CGP).

El aumento de los niveles de implementación del Acuerdo Final depende estrechamente de garantizar la transparencia, la apertura y la rendición de cuentas en el curso del proceso.

El Acuerdo de Escazú es el instrumento ambiental más ambicioso, especializado y detallado en derechos de acceso para América Latina y el Caribe. Desarrolla estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas que habitan la región.

La corrupción es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y la transparencia en el Presupuesto General de la Nación (PGN) es un primer paso para generar tranquilidad, realizar las inversiones que el país necesita y evitar la corrupción.

Sin lugar a duda, el diseño institucional ideal para un régimen efectivo de Acceso a la Información Pública (AIP) incluye un órgano garante autónomo y especializado, pero esto no es una condición sine qua non para tener un régimen de AIP sólido.

Es necesario formular una política pública de largo plazo que integre los esfuerzos realizados por los gobiernos anteriores, los asuntos pendientes por cumplir de la Ley 1712 de 2014 y cualquier otro esfuerzo para promover la garantía del derecho de Acceso a la Información Pública.