Transparencia: Llave de los jóvenes

En Colombia, los jóvenes participan, se organizan, se movilizan e incluso votan más en términos comparativos que antes, pero desconfían de las instituciones, independientemente de la rama del poder público. / Ilustración: Pablo Pérez.

Las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ) están compuestas por Consejeros de Juventud y funcionarios públicos, tienen como fin concertar el gasto en juventud y generar acciones de política pública, y cuentan con la veeduría de las Plataformas de Juventudes para garantizar una mayor pluralidad y representación juvenil.

Por Raúl Escobar y Carlos Rodríguez
Corporación Ocasa

Entre diciembre de 2021 y junio de 2022 la Corporación Ocasa, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), desarrolló un proyecto con jóvenes en cuatro municipios del Valle del Cauca y dos municipios del norte del Cauca. Además de fortalecer el liderazgo juvenil en el marco de los Consejos de Juventud recientemente elegidos, uno de los objetivos del proyecto fue la realización de proyectos propios que se enfocaran en la transformación de algunas problemáticas centrales dentro de sus municipios.

Teniendo en cuenta las actividades realizadas y las poblaciones juveniles con las que se realizó el trabajo, se logró identificar una serie de retos para la futura puesta en marcha de las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes (SNJ). Estas comisiones están compuestas por Consejeros de Juventud y funcionarios públicos, tienen como fin concertar el gasto en juventud y generar acciones de política pública, y cuentan con la veeduría de las Plataformas de Juventudes para garantizar una mayor pluralidad y representación juvenil.

El primer tema, y quizá uno de los más retadores a la hora de abordar la construcción de política pública desde las Comisiones de Concertación, es la falta de conocimiento de los jóvenes sobre las fuentes de información y acceso a datos relevantes, que les permitan no solo posicionar una problemática en la agenda, sino evidenciar la magnitud de esta y por qué deberá ser atendida por medio de un esfuerzo gubernamental. Es claro que en Colombia se han generado procesos de transparencia activa derivados de las obligaciones de la Ley 1712 de 2014, así como de los ejercicios de datos abiertos. Hoy en día, portales web como Terridata o el portal del DANE le permiten a la ciudadanía tener una mirada informada sobre diferentes problemáticas, para los jóvenes del proyecto, orientadas a salud mental, suicidio, acceso a educación superior, mercado laboral de la juventud, etc. Sin embargo, hacer visibles estos recursos de transparencia activa continúa siendo una tarea pendiente y, más aún, la apropiación de estos por parte de los que esperamos sean los próximos tomadores de decisión en materia juvenil en los municipios del país.

Este hecho se hizo evidente en los ejercicios desarrollados con jóvenes pertenecientes a los Consejos Municipales de Juventudes (CMJ), Plataformas de Juventud y otras organizaciones. En ellos se logró evidenciar que estas páginas web no son conocidas. Por el contrario, cuando se piensa en el acceso a información por parte de los jóvenes, las redes sociales o los medios de comunicación son las fuentes principales que se revisan.

Un segundo tema clave para el fortalecimiento de las Comisiones de Concertación tiene que ver con la confianza. Una revisión de las encuestas de juventud realizadas por la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario muestra que una de las debilidades de la democracia, al menos para el caso colombiano, es que los jóvenes no confían en las instituciones públicas en general. En Colombia, los jóvenes participan, se organizan, se movilizan e incluso votan más en términos comparativos que antes, pero desconfían de las instituciones, independientemente de la rama del poder público. Y como es de esperarse, esa desconfianza se traslada casi que automáticamente a los datos y a la información pública producida por esas mismas instituciones, imponiendo un reto adicional al acceso a la información pública, esta vez no enfocado en la disponibilidad sino en su veracidad e imparcialidad.

En el proyecto adelantado por Ocasa y el IRI, cuando se abordó el acceso a datos no fueron pocas las veces que los y las jóvenes los criticaron con argumentos como “esos datos del ministerio no deben ser ciertos”, o “¿Cómo sabemos si esa información si es real?”. Generar confianza entre los y las jóvenes y las instituciones públicas es importante para fortalecer el acceso, uso y apropiación de la información.

Finalmente, el tercer reto clave es el desconocimiento de las herramientas que permiten garantizar el acceso a la información pública. Para los consejeros de juventud y los miembros de las plataformas no solo es clave conocer a profundidad datos sobre el gasto público y las acciones en juventud que se llevan a cabo en los municipios por medio de partidas presupuestales o programas y proyectos enfocados en la población joven. Adicionalmente, también es importante generar acciones con las alcaldías y los funcionarios o contratistas, que privilegien no solo el conocimiento y reconocimiento del joven como sujeto político a pesar de la edad, sino que reafirmen y recuerden que, en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados por la ley.

Pese a que la legislación colombiana consagra al derecho a la información como derecho fundamental y pone al derecho de petición como la herramienta preferente para garantizar su materialización, en general los y las jóvenes no conocen o no están del todo familiarizados con esta herramienta ni su alcance en términos de utilidad.

Si se busca generar una agenda gubernamental juvenil mediada no solo por el fortalecimiento del liderazgo joven, el proceso de posicionamiento y movilización de recursos en materia de política pública debe necesariamente: (i) garantizar el conocimiento y ubicación de la información relevante para problematizar una situación percibida como relevante para la juventud, (ii) generar la confianza requerida en el diálogo instituciones-juventud y (iii) masificar el uso del derecho de petición desde estas primeras instancias de gobernanza juvenil institucional.

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