Ojos vigilantes: el caso de Cuestión Pública
El ejercicio de acceso a la información lo iniciaron de la mano de Dejusticia en marzo de 2018. Fue Vivian Newman, la directora de la organización, quien acompañó y guió a Cuestión Pública en los primeros 20 derechos de petición que enviaron a varios congresistas. Ilustración: Elizabeth Builes
Desde su creación en 2018, la esencia de este medio de comunicación digital ha sido acceder a información por vías legales y hacer de ese ejercicio el núcleo del periodismo que hacen.
Por Tania Tapia Jáuregui, Proyecto Antonio Nariño
Diana Salinas dice que cuando ganó su primera tutela sintió como si hubiera ganado el Premio Simón Bolívar. Se la interpusieron a la Registraduría Nacional luego de que la entidad guardara silencio ante una solicitud de acceso a información. Con el fallo a su favor, la Registraduría tuvo que entregar lo que Cuestión Pública pedía. Sin embargo, la información llegó incompleta, y ahora, en medio de la pandemia, Salinas y su equipo siguen esperando que el proceso se resuelva en los juzgados. “En toda investigación nos aguantamos la dificultad que es acceder a alguna información. Tenemos una estrategia, que es transversal a todo lo que hacemos, con una abogada dedicada a hacerle seguimiento uno a uno a todos los derechos de petición que enviamos y que nos niegan o no nos responden. Nuestra apuesta es que los documentos dan una información oficial infalible, mientras que la versión del funcionario cada vez más está amañada al poder y no revela lo que tendría que decir”, asegura Salinas.
Esa ha sido la esencia de Cuestión Pública desde su creación en 2018: acceder a información por vías legales y hacer de ese ejercicio el núcleo del periodismo que hacen. “Nuestra bandera es ser los ojos vigilantes del poder en nombre del ciudadano de a pie, utilizando la fuerza y la profundidad del periodismo de contrapoder”, dice su sitio web. Salinas asegura que la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (Ley 1712 de 2014) ha sido fundamental en ese ejercicio. “Nosotros notábamos que en el ejercicio periodístico de vieja guardia se accedía a información pública como si fueran documentos de Estado. Entonces el periodista se veía en cafés de luz taciturna con un abogado o funcionario que le pasaba una información. La Ley de Transparencia ha sido una garantía para acceder a esa información y también para exigirla cuando la niegan”.
El ejercicio de acceso a la información lo iniciaron de la mano de Dejusticia en marzo de 2018. Fue Vivian Newman, la directora de la organización, quien acompañó y guió a Cuestión Pública en los primeros 20 derechos de petición que enviaron a varios congresistas. El ejercicio, que sentó las bases para la labor periodística del medio, también les sirvió para empezar a familiarizarse con las dificultades que encontrarían con cada nueva petición de información y prepararse para enfrentarlos en adelante. “Luego Dejusticia nos dejó volar y nos dijeron que ya sabíamos, ya habíamos aprendido cómo era el proceso, ahora era nuestro turno deseguir con la estrategia. Y eso hicimos”, cuenta Salinas.
En 2019, ganaron el premio Simón Bolívar de periodismo por una investigación que reveló las conexiones entre el expresidente Álvaro Uribe con el escándalo de sobornos de Odebrecht y hoy, es uno de los casos de éxito más claros de cómo el periodismo ha integrado la Ley de Transparencia a su labor.
Entre sus investigaciones, se destaca también “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada”, un especial de tres partes en el que, por medio de derechos de petición, accedieron e hicieron públicos documentos del patrimonio de varios congresistas, contratos con conflictos de intereses, procesos judiciales en los que han estado involucrados, entre otros. Inició con el acompañamiento de Dejusticia, y Salinas resalta lo difícil que fue: muchos congresistas y funcionarios han buscado hacerle el quite a su obligación de entregar la información y juegan a “cansar” a la justicia dilatando los procesos de tutelas y buscando excusas para evadir la responsabilidad.
Unos dicen que no revisan el correo del Senado; otros senadores, como Rodrigo Lara, hablan de su historia familiar como impedimento para entregar información por cuestiones de seguridad; funcionarios, como el secretario del Congreso Gregorio Eljach, que aseguran estar dispuestos y luego nunca aparecen; o congresistas, como Rodrigo Villalba, que aseguran no haber entregado la información por no saber para qué iba a ser usada. En el caso del acceso a la información de los congresistas, Cuestión Pública presentó otra tutela de la que aún esperan respuesta. “Lo que supimos es que la tutela estaba en revisión porque se estaban pasando como una especie de carruselito de impedimentos entre jueces pensando que si nos daban la tutela por el acceso a la información a favor íbamos a ir a investigar a los jueces, a los magistrados, a todo el mundo. Y tienen toda la razón, eso lo vamos a saber”, asegura Salinas.
Pero también destaca que la lucha cada vez es un poco más fácil. Cada día son más las instituciones, los funcionarios y los jueces que reconocen las obligaciones a las que están sujetos bajo la Ley de Transparencia. En el caso particular de los congresistas, afirma que el equipo de Cuestión Pública ve la reciente aprobación de la ley que los obliga a hacer públicas sus declaraciones de renta y conflictos de interés como un logro propio. “Esa fue realmente nuestra victoria porque esa ley abrió el acceso a todas las declaraciones de renta de todo el mundo. Nosotros nos sentimos partícipes de ese cambio. Es decir, siento que es un poco el resultado de que desde 2018 estuviéramos insistiendo en obtener la información, que hubiésemos mandado 100 derechos de petición”.