Acceso a la información pública: avances en leyes, rezagos en acciones que permitan luchar contra la corrupción
El compromiso del país con el acceso a la información pública es fundamental, pues este derecho constituye una de las principales palancas para avanzar en la lucha contra la corrupción en la administración pública. | Ilustración: Sara Agustina
Para avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información en los términos estipulados por la Ley de Transparencia, se hace necesaria la revisión de las prioridades y las herramientas de los organismos encargados del seguimiento y de la promoción de la ley.
Por Camilo Andrés Peña Galeano[1], Transparencia por Colombia
Desde la promulgación de la Constitución de 1991, el país ha avanzado en el cumplimiento de los mandatos internacionales consagrados en distintas convenciones internacionales en materia anticorrupción, ratificadas por Colombia y que acogen el derecho de acceso a la información pública como un instrumento central de la lucha contra la corrupción. Entre ellas se encuentran la Convención Interamericana Contra la Corrupción[2], la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción[3], y el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”[4], que han dado lugar al trámite de un conjunto amplio y comprensivo de normas nacionales, que incluyen distintas herramientas para el acceso a la información (figura 1). Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Figura 1. Línea de tiempo convenciones internacionales anticorrupción y leyes nacionales en materia de derecho de acceso a la información y lucha contra la corrupción.
El compromiso del país con el acceso a la información pública es fundamental, pues este derecho constituye una de las principales palancas para avanzar en la lucha contra la corrupción en la administración pública. Lo anterior, al permitir que las decisiones sobre la gestión de los asuntos públicos como contratación, presupuestos, nombramientos, entre otros aspectos, se tramiten de cara a la ciudadanía. Asimismo, promueve el control social, en la medida en que permite que los ciudadanos interesados accedan a la información pública relevante para sus veedurías, incluyendo aquella que no es publicada de forma proactiva por las entidades públicas.
Sin embargo, si revisamos el panorama actual de la información pública en Colombia, evidenciamos que aún existe un amplio campo de mejora en varios de los atributos del acceso a la información que son de mayor utilidad para el control ciudadano y la lucha contra la corrupción. En primer lugar, se encuentra la calidad de la información. La ausencia o pérdida de información, junto con la falta de veracidad y oportunidad en el registro de datos, en sistemas de información pueden llevar al error a la ciudadanía interesada. Tal es el caso de parte de la información registrada en aplicativos como Cuentas Claras y SECOP I (Transparencia por Colombia, 2019; Ciudadanía Activa, 2020), la cual para poder ser utilizada por la ciudadanía requiere de un proceso de limpieza de datos.
Por otro lado, tenemos el atributo de celeridad. Las demoras en la entrega de la información se convierten en una barrera para el control ciudadano. Ejemplo de ello se encuentra en la sobreextensión de los plazos para las repuestas a solicitudes de información, establecida en el Decreto Legislativo 491 de 2020 (Transparencia por Colombia, 2020a), cuya vigencia estuvo atada a la emergencia sanitaria y fue extendida en múltiples oportunidades.
En tercer lugar, está el acceso universal a la información pública. El desarrollo de sistemas de información, páginas web y canales y buzones virtuales de comunicaciones han permitido el avance del acceso a información. No obstante, esto deja por fuera a todos aquellos ciudadanos que no tienen la posibilidad de acceder o manejar dichas herramientas. Este es el caso del 32 % de la población que no es usuaria de internet (Digital Report, 2021).
Finalmente, la divulgación proactiva es otro de los atributos del acceso a la información que requieren mejora en el contexto nacional. Los bajos niveles de publicación de información bajo estándares de transparencia y baja publicidad impide a la ciudadanía conocer la información necesaria para sus ejercicios de control ciudadano. En una revisión de las instancias encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz (Transparencia por Colombia, 2020b), se encontraron serias debilidades en la información mínima que debería ser publicada en sus páginas webs.
Por todo esto, para avanzar en la garantía del derecho de acceso a la información en los términos estipulados por la Ley de Transparencia, se hace necesaria la revisión de las prioridades y las herramientas de los organismos encargados del seguimiento y de la promoción de la ley. Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar tanto la publicación de la información mínima obligatoria, como la materialización del derecho más allá de los sitios web.
Referencias
Ciudadanía Activa (2020). Tercer Reporte “Ciudadanía Activa” Seguimiento al Manejo de Recursos para la Atención a la Emergencia del Covid-19 “Estrategia Transparencia Salva Vidas”. Disponible en https://transparenciacolombia.org.co/Documentos/Publicaciones/gestion-publica/3-rep-Ciudadania-Activa-21-08-20.pdf
Digital Report (2021). Digital 2021: Colombia.
Transparencia por Colombia (2019). Financiadores Anónimos. Disponible en https://www.monitorciudadano.co/elecciones-contratos/historias/financiadores-anonimos
Transparencia por Colombia (2020a). Segundo Informe de Seguimiento de la Acción Pública del Gobierno Nacional en Materia Anticorrupción. Disponible en https://transparenciacolombia.org.co/2020/11/30/segundo-informe-de-seguimiento-de-la-accion-publica-del-gobierno-nacional-en-materia-anticorrupcion/
Transparencia por Colombia (2020b). Riesgos de corrupción en la implementación del Acuerdo de Paz. Disponible en https://transparenciacolombia.org.co/2020/11/25/informe-riesgos-de-corrupcion-en-la-implementacion-del-acuerdo-de-paz/
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[1] Coordinador del Monitor Ciudadano de la Corrupción.
[2] La Convención Interamericana Contra la Corrupción (primera convención internacional dedicada a la Lucha contra la Corrupción) fue adoptada por los estados miembros de la OEA en 1996 y ratificada por Colombia en 1998. En esta convención se incluyen disposiciones para promover la publicación de información sobre empleo público y declaraciones de bienes, rentas y conflictos de intereses.
[3] La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue adoptada año 2003 y ratificada por el país en el año 2006. Esta tiene un alcance global y trae consigo una serie de mecanismos anticorrupción, incluyendo las medidas contenidas en su Artículo 13 sobre participación ciudadana y fomento de la transparencia y el acceso a la información pública.
[4] En el marco de la VIII Cumbre de las Américas de 2018, se adopta el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, en donde los gobiernos se comprometieron con una amplia y moderna serie de medidas anticorrupción, que comprenden la inclusión de grupos vulnerables, la adopción de mecanismos electrónicos de compras, la promoción de la integridad en los esquemas de financiamientos de campañas políticas, entre otras. En materia de acceso a la información, los Estados en el Compromiso de Lima refrendaron los mandatos relativos a la adopción de órganos garantes de las leyes de transparencia.