El acceso a la información y relación con la prensa en el gobierno Duque

Por María Paula Martínez Concha
Proyecto Antonio Nariño

Tal vez todavía es pronto para dimensionar el impacto del gobierno de Iván Duque para la fiscalización del Estado, la rendición de cuentas, el ejercicio de la veeduría ciudadana, las prácticas de datos abiertos y la investigación periodística. Por lo pronto, podemos afirmar que la obstrucción a la información, la poca ocurrencia de ruedas de prensa con el presidente, las más de 400 horas de un programa de televisión sin derecho a preguntas y la duplicación de los tiempos de respuesta de derechos de petición son los ejemplos más graves del detrimento en la relación del gobierno saliente con la prensa, en especial en términos de transparencia y acceso a la información.

En conjunto, su periodo presidencial (2018-2022), que coincidió con los cinco años de la promulgación de la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), podría etiquetarse como opaco y hermético, por varias medidas que se vieron, además, agravadas por las restricciones sanitarias de la pandemia por COVID-19. Siendo la peor, la extensión de los tiempos de respuesta de los derechos de petición que, según la Ley 1437 de 2011, debían resolverse en el término de 15 días siguientes a su recepción y que por el Decreto 491 de 2020 fueron duplicados a 30.

Recién decretada, esta extensión fue considerada una medida proporcional dado el confinamiento por la emergencia sanitaria y contó con el aval de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-242 de 2020. No obstante, con el pasar de los días se convirtió en un obstáculo mayúsculo para el acceso a la información pública y para el ejercicio del periodismo de investigación. La insistencia del gobierno en prolongarla hasta que se levantara la emergencia sanitaria, y las objeciones del presidente Duque en 2021 cuando el Congreso buscaba restablecer los términos originales, tuvieron un impacto profundo en la confianza en la institucionalidad advertido por varias organizaciones, entre estas las integrantes del Comité de Estado Abierto, en donde están Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La pandemia fue un periodo de demanda especial de información pública y datos oficiales, sin precedentes, en el mundo tecnológico de hoy. Sin embargo, entre 2018 y 2022 Duque solo convocó 9 ruedas de prensa, menos de tres cada año. En su lugar, emitió más de 400 horas de televisión en un programa diario, sin lugar a preguntas o cuestionamientos de periodistas, de la ciudadanía o de la oposición.

Según datos de la FLIP, solo en 2021 se registraron 42 casos de negación de información por parte de servidores públicos sobre temas como la gestión de la pandemia, las manifestaciones sociales y la contratación pública. También fue muy dispar la oferta de entrevistas del presidente a medios de comunicación durante el cuatrienio, siendo RCN y la FM las cadenas más beneficiadas con 43, mientras que otras emisoras como la W solo tuvieron 5 y el portal digital La Silla Vacía ninguna.

Asimismo, fueron reiteradas las denuncias de periodistas por la negación de información por parte de la Fiscalía. La elección del Fiscal Barbosa, en sí misma, fue cuestionada en términos de transparencia, tal y como lo documentamos en la edición No. 1 de esta revista. Un manto de opacidad cubrió dicho proceso, tanto por la derogatoria del decreto del expresidente Santos, que establecía como trámite para la elección de la terna de Fiscal, una convocatoria pública y la publicación de la lista de inscritos, con posibilidad de participación ciudadana, como por la omisión del mismo Barbosa de declarar su amistad con el presidente que rompía las garantías de imparcialidad (ver edición No. 2 de la revista).

Ante este legado de opacidad, ¿cómo evitar la inercia, reversar las medidas regresivas o mitigar sus efectos y enderezar el rumbo? En línea con los planteamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las prácticas de gobierno abierto son catalizadoras de gobernanza pública, democracia y crecimiento inclusivo y son efectivas en la medida que cuenten con un entorno favorable. Una sugerencia para el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que necesita configurar una nueva relación con la prensa, es volver la atención a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública, reconocerla como la columna vertebral de la política de transparencia, y ofrecer renovadas garantías para la veeduría ciudadana y para el acceso a la información en general.

Con el reconocimiento de los obstáculos como primera medida y la identificación de lo que no estuvo bien en el pasado cuatrienio, el presidente entrante tiene el reto de formular un plan de fortalecimiento transversal de la política de transparencia, que incluya la participación de la ciudadanía, las herramientas de monitoreo y el acceso a la información pública. Es urgente que el actual gobierno recupere la confianza en las instituciones y reconozca públicamente el rol que tienen los medios de comunicación, tanto prensa, radio, digital y televisión, en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas de las y los funcionarios públicos.