Democracia ambiental luego de Escazú

Por Luis Felipe Guzmán Jiménez
Docente Investigador del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia

Al hablar de justicia ambiental nos referimos a una multitud de cuestiones preocupantes, tales como la emergencia climática que afecta al planeta, los problemas que afrontan los países que probablemente van a quedar sin territorio o a perder parte de él por el aumento de los océanos, el incremento de la contaminación en las ciudades, los impactos generados por la industria extractiva, particularmente minería e hidrocarburos, entre otros. Ante este panorama, el Acuerdo de Escazú busca fortalecer la implementación de los estándares de democracia ambiental para lograr el derecho a un ambiente sano.

El Acuerdo de Escazú es el instrumento ambiental más ambicioso, especializado y detallado en derechos de acceso para América Latina y el Caribe. Desarrolla estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas que habitan la región. Por lo tanto, es evidente que este acuerdo va a incidir en la democracia ambiental y será un instrumento fundamental en materia de justicia ambiental.

Colombia fue determinante en el proceso de negociación del instrumento, pero curiosamente el proceso de ratificación ha sido lento en el Congreso de la República y objeto de discusiones en la campaña política del presente año. Dicho proceso se reinició el pasado 20 de julio con el nuevo Congreso y, si todo sale bien, su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano será pronto una realidad. Esto representa una oportunidad inigualable para el nuevo gobierno, y específicamente para el sector ambiente y desarrollo sostenible, para garantizar la implementación efectiva de los estándares jurídicos que desarrolla el acuerdo en materia de derechos de acceso a la justicia ambiental.

El Gobierno Nacional debe emprender el proceso de implementación del Acuerdo de Escazú. Para ello, es indispensable valorar los aportes que este instrumento puede hacer al fortalecimiento de una cultura de participación en los asuntos públicos, que promueva la resolución pacífica de los conflictos y contribuya a la toma de decisiones de manera concertada, incluyente y abierta. Consideramos que un país con menos conflictos ambientales es un país más desarrollado, que puede recibir más inversiones, mayores ingresos, una mejor calidad de vida y equidad socioeconómica. El “riesgo social” hoy pone en jaque a las regiones y al desarrollo de innumerables proyectos que pueden contribuir a reducir la inequidad social. Si no se garantiza información, participación y acceso a la justicia, los conflictos ambientales van a aumentar significativamente, lo que generaría un bloqueo institucional.

Urge construir un diagnóstico integral para conocer el estado actual de dichos derechos en términos generales y cómo la batería de estándares de Escazú incidiría en cambios, tanto de estructura como de actividad administrativa. ¿Cómo funcionan los sistemas de información ambiental tanto en el nivel nacional como regional? ¿Los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano son herramientas reales de democracia participativa? ¿El acceso a la justicia ambiental es efectivo en términos de tutela judicial? ¿El Estado garantiza condiciones de seguridad para la promoción y defensa de derechos humanos en materia ambiental? Estas son algunas de las preguntas que podrían orientar dicho ejercicio de diagnóstico integral.

Igualmente, resulta prioritario diseñar un aparato estatal que sea eficaz para transformar conflictos ambientales, especialmente los asociados con la garantía de derechos de acceso. La solución para abordar los conflictos ambientales debe ser integral. El conflicto de este tipo es especial y requiere reglas diferenciadas dada su complejidad técnica y su dificultad colectiva. Consideramos necesario realizar revisiones de fondo de las instituciones procesales para poder brindar una tutela judicial efectiva, respecto de la legitimación activa, las medidas cautelares, las acciones procesales y los procedimientos.

Asimismo, los derechos de acceso deben ocupar un lugar muy importante en la búsqueda de transformaciones de la actuación administrativa. Tales derechos deben ser considerados como verdaderos derechos y mecanismos de protección ambiental de suma importancia en la gestión ambiental. Ellos, garantizados en su ejercicio como derecho y como actividad de la Administración, se convierten en una herramienta para propiciar escenarios de preservación ambiental, el goce pacífico de derechos fundamentales y colectivos, el desarrollo sostenible y la seguridad jurídica de todos los actores tanto públicos como privados.

En cuanto a los sistemas y procedimientos de acceso a la información ambiental, consideramos que estos requieren un nuevo diseño legislativo que los haga modernos, eficaces y, en fin, propios de la sociedad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Resulta urgente replantearse la clásica intervención administrativa y el derecho de petición ambiental. Hoy la sociedad civil se enfrenta a un gran número de obstáculos para acceder a información clave en la materia.

Adicionalmente, consideramos necesario y urgente el diseño de fórmulas participativas que respondan a un modelo de adopción de “decisiones concertadas”, donde la Administración proporcione una respuesta eficaz a las pretensiones de la sociedad civil. Para ello, el legislador y la Administración deben innovar jurídicamente con acciones participativas. Finalmente, los territorios necesitan de un plan de protección de defensores ambientales de manera coordinada y articulada con todas las entidades con competencias en la materia, por el alto riesgo de su labor socio ambiental en el territorio. Colombia es uno de los países con mayor riesgo para la defensa de derechos humanos en materia ambiental.

Los conflictos ambientales son una realidad significativa que crece de manera exponencial en los territorios. Su existencia representa un gran reto para el nuevo gobierno y, por supuesto, para el parlamento en el cuatrienio constitucional que inicia: buscar fórmulas de arreglo para garantizar información ambiental, participación ciudadana, justicia ambiental y garantías para la defensa de derechos humanos en materia ambiental. Es hora de hablar de democracia ambiental, sociedad civil informada y fortalecida en sus capacidades, institucionalidad fuerte, y empresa privada responsable en tiempos de posacuerdo y paz ambiental.