Seguirle la pista a la violencia policial en el Paro Nacional 2021

Por Alejandro Rodríguez Pabón^[1] y Carolina González García^[2], Temblores ONG

En Colombia, las agresiones por parte de la fuerza pública en contextos de protesta han aumentado drásticamente durante los últimos años. Los 4852 casos de violencia policial registrados en el marco del Paro Nacional del 2021 por la Plataforma Grita, de Temblores ONG, no solo son la prueba de que hemos alcanzado el punto más álgido de represión estatal de la protesta, sino que demuestran que, hoy por hoy, es inverosímil imaginar un escenario de protesta social libre de violencia policial.

Gracias a que cada vez existen mayores mecanismos abiertos al público para divulgar información, la ciudadanía ha tomado un rol más activo en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado en contextos de protesta social. Las organizaciones de derechos humanos que nos hemos dedicado a la documentación, el registro y la atención legal de casos de violencias cometidas por agentes de la fuerza pública hemos trabajado por suplir la ausencia de Estado y hemos adecuado metodologías colaborativas que nos han permitido generar registros rigurosos y veraces de las violencias de la fuerza pública, para robustecer los casos que las víctimas de estos crímenes presentan ante el sistema de administración de justicia.

La plataforma Grita empezó a funcionar desde el año 2019 como una manera de contrarrestar la ausencia de información oficial sobre las violaciones de derechos humanos (DD.HH.) por parte de la Policía Nacional hacia la población civil. Así, Grita nació con el objetivo de recibir, verificar, registrar y sistematizar denuncias de violencia policial que llegan directamente a nuestros múltiples canales^[3] o que circulan por redes sociales (tabla 1). Durante el Paro Nacional de 2021, la recepción de denuncias aumentó alarmantemente, lo cual implicó un gran reto para la organización, que consistió básicamente en: (i) la verificación de contexto y de más de 4852 denuncias; y (ii) la triangulación de información con fuentes oficiales.

 

Tabla 1. Principales fuentes de la Plataforma Grita

* Que además pasan por un proceso de verificación y de triangulación con información oficial de algunas entidades del Estado, obtenidos por vía derecho de petición.

El alto flujo de la información relacionada con violencia policial se vuelve un reto en el momento de verificar las denuncias, debido a que la rápida circulación de videos en la red, en ocasiones impulsa a las personas a compartir denuncias sin aportar contextos de los hechos, fundamentales para realizar un registro riguroso. Como parte del proceso de verificación, desde la plataforma Grita habíamos construido en 2019 bases de datos de denuncias de violencia policial en redes de hechos ocurridos desde 2016, con sus debidos contextos, haciendo una revisión de más de 20 páginas dedicadas a circular estas denuncias, lo que ha permitido identificar videos que se comparten sin contextualización.

Además, la verificación de la información con instituciones estatales se dificulta en contextos de emergencia sanitaria como el actual, puesto que cuando se requiere triangular el número de muertes violentas y las características de hecho con alguna institución como la Fiscalía, Medicina Legal y la Policía Nacional, se debe esperar aproximadamente 30 días hábiles, según lo estableció el Decreto Legislativo 491 de 2020. En muchas ocasiones, mientras se espera la información, las denuncias ya han aumentado significativamente. Esto dificulta la posibilidad de realizar una contrastación  actualizada y afecta el ejercicio de control ciudadano que se ejerce libremente desde la organización^[4].

A partir de los registros, nuestra Clínica de Justicia Ambulante Policarpa ha impulsado el acceso a la justicia, por medio de asesoría jurídica gratuita y litigios colectivos o individuales que aportan a la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por la Fuerza Pública. En el marco del paro hubo una gran cantidad de casos que requirieron asistencia y acompañamiento jurídico en la redacción de denuncias y recopilación de elementos probatorios. La ardua labor de registro de Grita ha permitido estudiar la posibilidad de crear ciertas medidas constitucionales y de litigio estratégico que permitan erradicar prácticas de abusos de autoridad por parte de la Fuerza Pública. En compañía de diferentes clínicas jurídicas, hemos trabajado en la construcción de litigios macro relacionados con el uso indiscriminado de la fuerza.

Por otro lado, dentro del ejercicio de nuestras labores evidenciamos cómo aquellos casos que contaban con la atención y el seguimiento de los medios convencionales tienden a tener mayor movimiento dentro de las investigaciones preliminares en la Fiscalía. En contraste, muchos de los casos que circulan por las redes sociales, a pesar de revelar una clara violación a los derechos humanos y contar con registro de los hechos y medios de prueba adecuados, no son investigados y judicializados con eficiencia, y permanecen únicamente como expedientes dentro del ente investigador. Por lo tanto, nuestra labor también consiste en apoyar aquellos casos que, de alguna manera, se han visto invisibilizados por las mismas instituciones estatales.

La labor realizada por la ONG no sería posible sin la valentía de la ciudadanía que diariamente asume la responsabilidad de registrar los hechos de violencia policial. Creemos que es en el poder ciudadano en el que está la posibilidad de lograr cambios sustanciales que nos permitan tener e imaginarnos una sociedad menos violenta y más democrática, y desde el consenso social impulsar una reforma policial inclusiva y diversa.

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^[1] Coordinador de la plataforma Grita.

^[2] Coordinadora de Casos de Justicia Individual de la Clínica de Justicia Ambulante Policarpa.

^[3] Reiteramos que nuestros canales de denuncia y asesoría legal se encuentran abiertos a toda la ciudadanía en nuestra página o por medio del siguiente número de WhatsApp: (+57) 313 6779 720.

^[4] Cabe aclarar que contamos con un amplio registro de diversos casos, pero aún contamos con un subregistro que se debe a la desconfianza y miedo en general que sienten las víctimas de violencia policial de exponer sus casos y nombres a instituciones estatales.