Ciberpatrullaje o la nueva excusa para perseguir en Internet
La libertad de expresión en la calle y en línea (incluidas las redes sociales, otrora llamadas por algunos, la cloaca de Internet) es pilar fundamental de una democracia y el Estado es garante de ese derecho. | Ilustración: Juliana Cuervo
El rastreo de nombres, cuentas y direcciones IPs de miles de personas en redes sociales bajo el supuesto de una actividad ilegal tiene implicaciones graves para la libertad de expresión, de opinión y para el derecho a la privacidad.
Por María Paula Martínez, Proyecto Antonio Nariño
El pasado 6 de mayo de 2021 el Ministerio de Defensa inició un programa de ciberpatrullaje para, según dice, hacer frente a las noticias falsas. No obstante, pasados tres meses desde el inicio del programa, aún se desconoce el número total de las alertas, direcciones IP y cuentas de usuarios identificadas en redes sociales como Facebook y Twitter. Hasta el momento, solo han sido publicadas imágenes de mensajes con un letrero en letras rojas que dice FALSO y un video promocional. La forma en la que se han construido las etiquetas, cómo funcionan las acciones de vigilancia y qué implica esto para la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía son sin embargo interrogantes aún sin resolver.
Esta iniciativa otorga a la Policía una facultad de árbitro de la verdad que no tiene ni debe tener. Además, le da nuevos matices al perfilamiento de periodistas y líderes sociales. Este mal, ya conocido en Colombia, fue revelado inicialmente por la Revista Semana en su investigación de 2020 “Carpetas Secretas”, en donde se expuso evidencia de seguimiento a políticos, líderes y periodistas. Por su lado, esta campaña se promociona públicamente con el slogan de “La única verdad es el amor que tenemos por la patria”, con el cual han hecho afirmaciones muy preocupantes sobre la identificación de 700 mil direcciones con presunto comportamiento malicioso y la generación de 40 mil alertas.
El rastreo de nombres, cuentas y direcciones IPs de miles de personas en redes sociales bajo el supuesto de una actividad ilegal tiene implicaciones graves para la libertad de expresión, de opinión y para el derecho a la privacidad. Según Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, cuando el Gobierno y la fuerza pública identifican y categorizan como terroristas actividades de organización, difusión y opinión en Internet, “justifican la aplicación del derecho penal —que en el país incluye delitos amplios de terrorismo— para criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta en Internet” (Botero, 2021, p. 40).
Asimismo, es claro que este patrullaje resultará en una base de datos, lo que abre preguntas muy importantes sobre derechos vinculados con la privacidad y sobre las implicaciones de que un Estado vincule información sobre posibles delitos con el nombre de una persona, sin su conocimiento. Por otro lado, preocupa también la cooptación del término “noticias falsas”, pues el emisor tradicional de las noticias son los medios o periodistas, ahora sujetos al escrutinio de calidad a posteriori, por parte de la Policía. Va en contra de los estándares de Libertad de Expresión que dicha etiqueta pueda usarse de manera arbitraria contra cualquier opinión/información difundida por usuarios en redes sociales. Más aún, en el marco del Paro Nacional, en el que fácilmente se abre la puerta para la estigmatización y la discriminación por razones políticas o ideológicas.
Si bien en las redes sociales es posible rastrear, identificar y etiquetar cuentas, y existen softwares en el mercado para medir la opinión y almacenar información de los usuarios sin su conocimiento, esto no significa que la Policía o el Ministerio de Defensa estén legalmente facultados para hacerlo. Además, la campaña “Colombia es mi verdad” no establece a priori ninguna de las características con las que se adelanta este patrullaje. Esta opacidad, en conjunto con el patrullaje mismo, corren el riesgo de configurar una forma de censura, autocensura y desestimulación del ejercicio periodístico y de la veeduría ciudadana.
La libertad de expresión en la calle y en línea (incluidas las redes sociales, otrora llamadas por algunos, la cloaca de Internet) es pilar fundamental de una democracia y el Estado es garante de ese derecho. Siempre, y en especial en momentos de crisis, se requiere de un escenario institucional que sea transparente con el debido proceso y garantice la actividad periodística y las libertades de expresión y opinión, sin riesgos de hostigamiento o persecución.
Referencias
Botero, C. (2021). “a narrativa del terrorismo en contra de la protesta digital en Colombia.
Revista Páginas para la Libertad de Expresión, 2. Recuperado de https://issuu.com/flip-publicaciones/docs/flip_-_p_ginas_2_-_issuu/4?web=1&wdLOR=cC259FD3E-FF0D-E549-89A7-EEFC9C63C983