¿Cuáles documentos son secretos en Colombia?

Documentos secretos en Colombia.73 reservas de información

La Constitución de 1991 establece en su artículo 74 que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. Y bajo este mismo entendido la Ley 1712 de 2014 estableció en su artículo 2 que “Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley”. La nueva ley de transparencia y acceso a la información en Colombia plantea que se conocerá como información reservada aquella que afecte intereses públicos (artículo 19) y como clasificada aquella que afecte intereses particulares (artículo 18).

A pesar de que esta regla es clara, en algunos casos se pude presentar que ciertas entidades o funcionarios públicos nieguen información pública sin siquiera argumentar cuál es la ley o norma que establece alguna reserva o clasificación. A partir de un trabajo previo de la organización Dejusticia y en el marco de la Alianza Más Información Más Derechos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) hizo un análisis de varias normas colombianas y pudo encontrar 73 casos en los que se establecen este tipo de limitaciones de acceso a la información pública.

De esas 73 normas, a simple vista, 25 establecen clasificaciones y 47 establecen reservas, mientras que en un caso se establecen limitaciones de los dos tipos. Esto puede significar que a lo largo de la historia colombiana ha habido un interés más concentrado en proteger secretos relacionados con el Estado. Un ejemplo de esto se podría ver en la ley 1621 de 2013, o Ley de Inteligencia, que establece 14 reservas.

Por otro lado, se puede observar que en 51 casos la limitación se encuentra en una ley, cuatro en la Constitución, la misma cantidad en decretos con facultades establecidas en la Constitución y una en un decreto con fuerza de ley. Por otro lado, nueve limitaciones se encuentran en diferentes tipos de decretos y una en un acuerdo reglamentario, haciendo que sea cuestionable su constitucionalidad. No obstante, habría que hacer un examen más detallado para esclarecer si existen reservas contenidas en normativas de menor rango que los decretos encontrados y que actualmente establezcan limitaciones al derecho de acceso a la información pública.

Finalmente, se puede evidenciar que la mayoría de las limitaciones de acceso a la información pública son posteriores a la Constitución de 1991: 10 de estas son anteriores a dicha norma, mientras que las 63 restantes fueron establecidas después de la vigencia de la misma.

Aquí podrá encontrar la lista de las reservas y clasificaciones encontradas.

Si usted tiene conocimiento de otras normas que establecen reservas o clasificaciones, por favor comuníquese con nosotros para incluirlas dentro del listado.