Transparencia: el mejor desinfectante

En esta segunda edición de la revista DesTápate nos concentramos en un propósito: resaltar el valor de la transparencia. Para el éxito de esta cruzada es indispensable que todos los actores la identifiquen como un valor esencial en una sociedad democrática, y al derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental clave para la garantía de otros derechos. | Ilustración: Pablo Pérez

La alianza Más Información Más Derechos, de la que hacemos parte Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y la Corporación Ocasa, trae una segunda edición de la revista DesTápate, contra la opacidad del poder, que esta vez incluyó la participación del Comité Transparencia por Santander y del Observatorio de Juventud de Bogotá. 

La revista es un llamado a fomentar la transparencia, a implementarla y a exigirla. Un homenaje al 28 de septiembre, día del Derecho a saber, y una invitación para reflexionar sobre la importancia y el valor de contar con más y mejor información.

Para empezar, DesTápate presenta un análisis crítico sobre el reprochable comportamiento del Ministerio de Defensa por sus esfuerzos para ocultar información.

Al respecto, Juan Carlos Upegui, director de la línea de investigación en Tecnología, Transparencia y Derechos Humanos de Dejusticia, recuerda que “ninguna autoridad puede alegar ningún tipo de reserva en casos de violaciones de derechos humanos”.

En esta segunda edición, DesTápate también se hace un llamado al Fiscal General, Francisco Barbosa, para que considere el valor de la transparencia como mecanismo de trámite de los conflictos de interés potenciales que tiene al investigar el caso de la ʻñeñepolíticaʼ. 

De otro lado, por medio del caso del contrato Ruta del Sol II, la revista describe la forma en la que la transparencia y el acceso a información pública le sirvieron a la Procuraduría para avanzar hacia la reparación integral de daños causados por esos actos de corrupción. 

Y en medio de la pandemia, la publicación visibiliza la opacidad en la ejecución de los recursos de la pandemia por covid-19 por parte de entidades territoriales del departamento de Santander. Un análisis de más de 140 contratos que, como cuenta Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, tuvo el propósito de escrudiñar y revisar lo que pasaba en este departamento, en alianza con el comité de transparencia por Santander encontraron que “en muchas casos no se publicó el decreto de urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa y esto genera un escenario de incertidumbre y falta de transparencia”.

La revista también cuenta con dos artículos que analizan el acceso a información pública como parte del ejercicio periodístico. Un estudio de caso sobre el medio medio independiente Cuestión Pública y un análisis sobre los obstáculos que han sucedido durante el confinamiento. “Yo creo que la ley le ha dado al periodismo una gran herramienta de reporteria”, dice María Paula Martínez, del Proyecto Antonio Nariño, y detalla que en un momento vital como este, la extensión de 10 a 20 días en la entrega de la información no es compatible con los tiempos noticiosos y abre la puerta a la opacidad.

En uno de sus artículos, DesTápate detalla cómo la CoronApp se ha convertido en una especie de Gran Hermano pandémico. Al respecto, dice Juan Carlos Upeguí, de Dejusticia: “es extraña la transparencia de la aplicación como tal y la razón por la que Agencia Digital Nacional decide no abrir el código fuente para saber si está configurada de forma segura y advertir si la forma en que está diseñada respeta la ley de protección de datos”.

Desde la Corporación Ocasa contribuyeron con un artículo sobre las Conversaciones Nacionales en el marco del Paro Nacional, que arrancó en noviembre de 2019, y en el que los jóvenes fueron los mayores exponentes del descontento social. Un análisis sobre la opacidad y centralidad con que esa información es tratada.

La Alianza más Información Más Derechos sostiene que la transparencia y el acceso a la información pública habilitan al ciudadano para ejercer control social sobre lo público y son un mecanismo de lucha contra la corrupción.

Carlos Rodriguez, director ejecutivo de Corporación Ocasa recuerda que el derecho de acceso a la información pública “es un derecho fundamental y las restricciones al mismo deben ser muy limitadas y muy bien sustentadas según lo que dice la ley”.