La Alianza Más Información Más Derechos presenta la cuarta edición de la Revista DesTápate, con la cual se ha propuesto conmemorar cada año el día del derecho a saber. Esta revista se ha consolidado como una plataforma para hacer un balance crítico de los avances en la garantía del acceso a la información pública, evidenciar el valor de la transparencia y exaltar el trabajo de quienes luchan contra la opacidad del poder por medio de actividades de monitoreo, veeduría ciudadana y control social en Colombia.
En esta edición queremos ofrecer una hoja de ruta al nuevo gobierno en materia de transparencia y acceso a la información pública. Un nuevo cuatrienio presidencial trae consigo oportunidades para reflexionar sobre el pasado, pero sobre todo, para concretar nuevos proyectos. Las organizaciones que componemos la Alianza, y las organizaciones y personas invitadas para esta edición estamos atentas y dispuestas para ayudar al gobierno a continuar por la senda de mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
Tal y como lo evidenciamos en números pasados, en los últimos años el acceso a información pública en el país se vio seriamente afectado tanto por medidas concretas (e.g., Decreto Legislativo 491 de 2020), y por actos de opacidad (e.g., falta de información frente a la destinación de recursos para atender la pandemia de la COVID-19). Sin embargo, en el último año hemos visto un panorama normativo más alentador para la transparencia.
El CONPES 4070 de 2021 “Lineamientos de Política para la Implementación de un Modelo de Estado Abierto” aportó elementos para avanzar en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, al señalar líneas de acción fundamentadas en los pilares de transparencia, integridad, legalidad, corresponsabilidad e innovación. Por su parte, la Ley 2195 de 2022 reforzó aspectos asociados con el cumplimiento del derecho de acceso a la información, tales como la responsabilidad de la Secretaría de Transparencia de diseñar, promover e implementar la política pública de acceso a la información, y la obligación de las entidades cobijadas bajo régimen especial de publicación de la contratación pública. Asimismo, la Ley 2207 de 2022 finalmente derogó los términos especiales definidos por el Decreto Legislativo 491 de 2020, restableciendo los tiempos de respuesta a peticiones de información determinados en la Ley 1437 de 2011. Por último, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) entró en vigor el 22 de abril de 2021 y todo parece indicar que será aprobado por el Congreso de la República. Con él, se estimulan nuevos debates y eventualmente reformas, para seguir mejorando en el acceso a la información ambiental.
Inspirada en este nuevo panorama, la presente edición viene cargada de propuestas para el gobierno entrante. En las páginas que siguen planteamos cinco elementos que no deben faltar en la política pública de acceso a la información en Colombia. Asimismo, le proponemos al gobierno del presidente Gustavo Petro pasos clave para una hoja de ruta en materia de transparencia y justicia ambiental, aprovechando las oportunidades que abre la implementación del Acuerdo de Escazú. Incluso, le hacemos recomendaciones específicas para que el derecho a la participación en asuntos ambientales incluya, necesariamente, la comprensibilidad de la información ambiental, y no solo su acceso físico. Igualmente, señalamos puntos concretos en los que se debe trabajar en materia de acceso, uso y confianza en la información pública, si se quiere que los jóvenes, y en particular las Comisiones de Concertación del Sistema Nacional de las Juventudes, saquen provecho de las oportunidades que la información pública ofrece tanto para formular política pública, como para hacer control político.
También aprovechamos estas páginas para recordarle al gobierno entrante la importancia de la transparencia en diversos campos de política pública, como la construcción del Presupuesto General de la Nación (PGN) y la implementación del Acuerdo Final de Paz. Del mismo modo, no perdemos la oportunidad para reiterar la necesidad de que la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (Ley 1712 de 2014) guíe tanto el acceso a los expedientes judiciales como la relación del gobierno con la prensa. Un periodismo fuerte, que contribuye con la rendición de cuentas del poder público, requiere de garantías para el acceso a la información. Finalmente, en esta edición le damos la bienvenida a los vientos de cambio y transformación para la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero llamando al gobierno a no olvidar el rol que esta entidad tiene como órgano garante de la transparencia. Y para guiar su decisión al respecto, contextualizamos al gobierno frente a los distintos diseños institucionales de los órganos garantes en la región.
Esta iniciativa editorial nació hace cuatro años, como un esfuerzo colectivo de Transparencia por Colombia, Dejusticia, el Proyecto Antonio Nariño y la Corporación Ocasa. Afortunadamente, nunca hemos estado solos en esta cruzada por más y mejor información. Tal y como en años anteriores, en esta ocasión, contamos con invitados de lujo, como el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Asimismo, a título personal contamos con la participación de Luis Esquivel, Víctor Práxedes Saavedra y Luis Felipe Guzmán, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quienes desde sus diferentes áreas de expertise han enriquecido el contenido de este número.
Sin más, les damos la bienvenida a la cuarta edición de la Revista DesTápate. Esperamos que su lectura sea inspiradora y que sirva al propósito de seguir fortaleciendo, en los albores del cuatrienio que comienza, la política pública de transparencia y acceso a la información pública en nuestro país.