Fiscal Barbosa y Presidente Duque: intereses privados y conflictos públicos
Un conflicto de interés potencial se tramita con transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, se afecta la legitimidad, la confianza y la credibilidad en las instituciones, la democracia y el estado de derecho. Ilustración: Pablo Pérez.
Una vez nombrado y posesionado, el nuevo fiscal, Francisco Barbosa, decidió ignorar sus responsabilidades frente a la Ley 2013 de 2019 y a la actuación ética que implica su cargo. En particular, nos referimos al conflicto de intereses potencial que existe debido a su relación de amistad con el presidente Duque.
Por Gerardo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, y Vivian Newman, directora de Dejusticia.
Del clamor ciudadano de la consulta anticorrupción quedaron pocas normas aprobadas en el legislativo. Una de ellas fue la Ley 2013 de 2019, que obliga a los funcionarios públicos, incluido el Fiscal General de la Nación, a registrar sus conflictos de interés al posesionarse, y a actualizar este documento anualmente o después de cualquier cambio sustancial.
El Fiscal Francisco Barbosa presentó su declaración como consejero presidencial ante el Departamento de la Función Pública, pero no lo hizo para posesionarse como Fiscal. No registró su relación de amistad con el Presidente, ni la actualizó como Fiscal. Con esto no solo repite la historia de su antecesor Martínez, sino que también le da la espalda a la transparencia y a la garantía de imparcialidad que tanta falta hacen en la Fiscalía y en la Rama Judicial, y muestra una ética capaz de adaptarse a las circunstancias, más que al interés general que su cargo debe defender.
En el primer número de esta revista explicamos cómo, mientras el entonces presidente Santos avanzó en la publicidad y la participación para el nombramiento de Fiscal, el actual presidente Duque retrocedió y nos quedó debiendo varias explicaciones. En efecto, Duque derogó el decreto de Santos que establecía como trámite para la elección de la terna de Fiscal, una convocatoria pública y la publicación de la lista de inscritos, con posibilidad de participación ciudadana. La Presidencia no dio explicaciones convincentes para su derogatoria y el Consejo de Estado descartó el argumento de falsa motivación, que soportaba una demanda para anularla. A falta de estas respuestas institucionales, pensamos en ese momento que el vacío podría resolverse con una actuación ejemplar de quien resultara electo como nuevo Fiscal, al transparentar por completo sus conflictos de interés.
Lastimosamente no ha sido así y la democracia pareciera ahora estar en más riesgo que antes. Con poca transparencia, el Presidente integró la terna y la Corte Suprema de Justicia nombró a quien consideró mejor candidato, quien resultó ser amigo del Presidente. Una vez nombrado y posesionado, el nuevo fiscal, Francisco Barbosa, decidió ignorar sus responsabilidades frente a la Ley 2013 de 2019 y a la actuación ética que implica su cargo. En particular, nos referimos al conflicto de intereses potencial que existe debido a su relación de amistad con el presidente Duque. Según la OCDE, este tipo de conflicto “surge cuando un funcionario público tiene intereses privados que son tales que surgiría un conflicto de intereses si el funcionario llegase a terminar involucrado en responsabilidades oficiales relevantes (v.g. conflictivas) en el futuro”.
Aunque no ha considerado esta relación de amistad como conflicto de interés potencial, el fiscal Barbosa reconoce abiertamente su cercanía al presidente Duque. Sin embargo, terminó involucrado en responsabilidades oficiales relevantes que, debido a su relación de amistad, chocan con sus intereses privados. Esto resultó así, pues la Fiscalía que dirige debe investigar los presuntos delitos electorales cometidos en el marco de la campaña electoral que llevó a su amigo a la Presidencia de la República. Estos presuntos hechos, conocidos como ‘ñeñepolítica’, involucran a terceros diferentes de Iván Duque, pero cercanos a él y a su partido político, y son de competencia de la Fiscalía.
En consecuencia, el Fiscal Barbosa debe apartarse de la supervisión de los fiscales que tramitan estas investigaciones, no asumir directamente el conocimiento o revisión de ninguna de ellas, y solicitar el inicio del proceso de designación de un(a) Fiscal General de la Nación ad hoc quien, con autonomía e imparcialidad, lidere las investigaciones de los posibles delitos electorales que se pudieran haber cometido en ese contexto.
Así se lo pedimos, no solo una, sino dos veces desde Dejusticia y Transparencia por Colombia, pero la Directora Jurídica de la Fiscalía nos respondió que el Fiscal Barbosa solo debe declararse impedido ante un proceso concreto que él investigue. Argumento que, por lo demás, ya es conocido, pues había sido utilizado previamente por Néstor Humberto Martínez en el caso de Odebrecht. Barbosa y su Directora Jurídica confunden los impedimentos y las recusaciones, que son posibles mecanismos de trámite de los conflictos de interés, con el deber de transparentar los conflictos de interés reales y potenciales. Estos últimos se deben revelar en todo caso y la única vía para tramitarlos no es la de los impedimentos y las recusaciones. Un conflicto de interés potencial se tramita con transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, se afecta la legitimidad, la confianza y la credibilidad en las instituciones, la democracia y el estado de derecho.
El Fiscal Barbosa, un hombre tan preparado, ha de saber que la corrupción florece donde hay monopolio y discrecionalidad, sin que exista suficiente rendición de cuentas. Sin duda, es necesario que la Fiscalía General de la Nación tenga el monopolio de la acción penal. Sin embargo, su alto margen de discrecionalidad debe estar balanceado por una rendición de cuentas, cuya base fundamental es la transparencia de sus actuaciones y, por supuesto, de los conflictos de interés de quienes ejercen su liderazgo.
Tenemos la lupa puesta, pues es un asunto básico para nuestra democracia. Esperamos que, cuando nos veamos dentro de un año, los conflictos de interés del Fiscal se hayan tramitado y la investigación de la ‘ñeñepolítica’ haya llegado hasta sus últimas consecuencias.