Violencia contra la prensa: un tanquetazo contra el derecho a la información
El impacto de estas agresiones a corto y largo plazo es la censura y la autocensura. Censura que resulta especialmente grave en contextos de desinformación y de desigualdad comunicativa como el colombiano, en donde existen tanto lugares hiperconectados, como desiertos en los que no hay información noticiosa independiente ni conexión a Internet suficiente. | Ilustración: Pablo Pérez
En el Paro Nacional que inició en noviembre de 2019 ya se habían encendido las alertas sobre la falta de garantías para el libre ejercicio periodístico. Lo que ha pasado desde que comenzaron las protestas del 28 de abril de 2021 así lo confirma, acentuando las preocupaciones sobre el registro y cubrimiento de lo que está pasando.
Por Proyecto Antonio Nariño
Es media noche del 8 de mayo de 2021 en Sibaté, Cundinamarca. Un grupo de reporteros del medio alternativo Loco Sapiensa registra una jornada de movilización en un Live de Facebook. Se escucha en el video: “ESMAD, ¡acá atrás está la prensa! Estamos identificados. ¡Prensa, prensa, prensa!” Es la voz del reportero Camilo Andrés Rojas. Él y sus compañeros vuelven a gritar varias veces ¡Prensa, Prensa, Prensa! mientras la tanqueta se acerca y cinco agentes del ESMAD corren directo hacia ellos. Deciden levantar las manos y seguir repitiendo que son prensa y cuando están a menos de dos metros uno de los agentes dispara el arma de balas de goma contra Fernando, el reportero que con celular en mano mantenía la transmisión en vivo. Ante los reclamos, el agente del ESMAD responde “hermano es que ustedes vienen es a hacer acá es [sic] amarillismo”. Todo quedó registrado en el Facebook Live (Flip, 2021).
La información sobre esta y más de doscientas agresiones a periodistas más fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a Colombia, realizada entre el 8 y 10 de junio de 2021. En el informe que publicó tras su visita, la CIDH dijo: “[l]a violencia contra la prensa no sólo afecta el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual, sino también en su dimensión social o colectiva, ya que limita las posibilidades de la sociedad de mantenerse informada sobre los asuntos de interés público”. Es decir, que el ataque a periodistas ocurrido en los últimos tres meses en el país ha deteriorado el debate público sobre lo sucedido en las más de 12 mil manifestaciones de protesta. La violencia física, los hostigamientos, los daños a equipos e infraestructura de medios, las amenazas y retenciones ilegales afectan también a la ciudadanía y al pluralismo y diversidad que necesita el debate democrático, sobre todo en momentos como este.
Al 10 de agosto de 2021, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había registrado 358 periodistas víctimas de agresiones, 263 hombres, 67 mujeres y 28 medios de comunicación. La agresión física es el ataque más común (124 casos) y los lugares con mayor reporte de agresiones son Bogotá con 99, Valle del Cauca con 52 y Antioquia con 45. Esta información evidencia un deterioro en las garantías para el ejercicio de reportería tanto en las calles, como en los entornos digitales, que preocupa a medios alternativos, independientes y masivos. Además, este fenómeno puede ser leído como un signo de desesperación estatal ante la protesta social, pues en el 60% de las agresiones documentadas, el agresor señalado es la Fuerza Pública. Y casi como una paradoja, las agresiones a la prensa también evidencian la legitimidad del oficio periodístico: es relevante lo que se muestra en la radio, la televisión y en los periódicos y medios digitales. Dice sobre esto, Silvio Waisbord “[p]rensa perseguida es señal inequívoca de que todavía importa. Si no fuera así, ¿cómo explicar que el poder se ensañe con una institución supuestamente en su ocaso en épocas de influencers, contenido viral y memes?” (Waisbord, 2021, p. 16).
El impacto de estas agresiones a corto y largo plazo es la censura y la autocensura. Censura que resulta especialmente grave en contextos de desinformación y de desigualdad comunicativa como el colombiano, en donde existen tanto lugares hiperconectados, como desiertos en los que no hay información noticiosa independiente ni conexión a Internet suficiente. En adición, ante la dificultad de ejercer control social, el desinterés y la omisión de acciones por parte de entidades e instituciones encargadas de investigar y sancionar este tipo de conductas completan un panorama doblemente victimizante.
En el Paro Nacional que inició en noviembre de 2019 ya se habían encendido las alertas sobre la falta de garantías para el libre ejercicio periodístico. Lo que ha pasado desde que comenzaron las protestas del 28 de abril de 2021 así lo confirma, acentuando las preocupaciones sobre el registro y cubrimiento de lo que está pasando. Más aún, estando ad portas del periodo electoral, en el que el rol de los medios resultará fundamental.
Referencias
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (2021). “Reportería en la calle: en la primera línea de fuego” en Perifoneo: un pódcast sobre libertad de expresión. Recuperado de: https://open.spotify.com/episode/1I4Oi3jgY5VV5X7owpUMiR?si=AxmsxV1jRTGLE2sQpuetKQ&dl_branch=1&nd=1
Waisbord, S. (2021). ¡Acallen al Mensajero! Periodismo, Protestas y Violencia. Revista Páginas Para la Libertad de Expresión, 2. Recuperado de: https://issuu.com/flip-publicaciones/docs/flip_-_p_ginas_2_-_issuu/4?web=1&wdLOR=cC259FD3E-FF0D-E549-89A7-EEFC9C63C983