¿Hacia un Estado deliberado de opacidad?

Por Gerardo Andrés Hernández y Vivian Newman

Transparencia por Colombia y Dejusticia

Acceder a la información pública en Colombia es una tarea compleja. Hoy posiblemente más que antes. También hoy la información pública parece más necesaria que en otras épocas. Así lo han demostrado la crisis generada por la COVID-19 desde marzo de 2020 y el Paro Nacional desde abril de 2021. Lamentablemente, un nuevo ingrediente parece sumarse a los obstáculos previos para acceder a información pública: una acción deliberada de no transparentar, un esfuerzo —que se paga con recursos públicos— por mantener información clave en la opacidad.

A lo largo de los últimos meses hemos confirmado la relevancia del “derecho a saber”. De manera cotidiana nos preguntamos cuál es el nivel de ocupación de las UCI más cercanas, cuándo y de qué manera puedo acceder a una vacuna, qué personas fueron detenidas en medio de una protesta ciudadana, qué investigaciones se han adelantado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales, qué medidas se han tomado contra la destrucción de bienes públicos, entre muchos otros cuestionamientos que necesitan resolverse mediante información pública.

De forma paralela, los esfuerzos por mantener información clave en la opacidad también se han manifestado de múltiples maneras y de forma transversal en distintas esferas del Estado: desde instancias del ejecutivo llamadas a ejercer un rol de liderazgo, pasando por comisiones legislativas, hasta llegar a órganos de control. Esta situación se expresa en el día a día en acciones como el traslado frecuente de solicitudes de información entre dependencias, en respuestas vagas e incompletas que dilatan los procesos sin resolver temas de fondo, en estrategias legales orientadas a ocultar información, en cumplimientos aparentes de órdenes derivadas de acciones de tutela, en ejercicios superfluos del test de daño, en datos compartidos apresuradamente en redes sociales sin mayor documentación de respaldo, en el sometimiento del principio de transparencia a las condiciones impuestas por las farmacéuticas.

De esta manera, ganaron terreno falsos dilemas como transparencia vs. salud pública o transparencia vs. orden público y estrategias que parecen ser deliberadas para mantener la opacidad. Esto, en un momento en que deben prevalecer las reglas de juego pactadas en el Estado Social de Derecho, y que guían la manera como, incluso en emergencias, se debe respetar y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

La tercera edición de la Revista DesTápate muestra ejemplos de cómo estas acciones se materializan para obstaculizar el derecho de acceso a la información pública, tanto en situaciones relacionadas con la atención a la pandemia como con el Paro Nacional. Un ejemplo palmario ha sido la imposibilidad de acceder a los contratos firmados por el Estado con distintas farmacéuticas para acceder a vacunas contra la COVID-19, ilustrada en los artículos aportados por Dejusticia y el Instituto Anticorrupción. Desde la Alianza Más Información Más Derechos seguimos preguntando ¿por qué no ha sido posible divulgar versiones públicas de los contratos tal como lo contempla la Ley 1712 de 2014 y se ha hecho en otros países sin generar daños en los planes de vacunación?^[1]

Estos no son reclamos aislados de algunas pocas organizaciones sociales. También la OCDE parece identificar este desafío al afirmar que “la crisis debida al COVID-19 puso de manifiesto la capacidad de los gobiernos para responder a una crisis mundial de gran magnitud con extraordinaria flexibilidad, innovación y determinación. Sin embargo, […] las evidencias que surgen indican que podría haberse hecho mucho más de antemano para potenciar la resiliencia y es posible que muchas acciones hayan mermado la confianza y la transparencia entre los gobiernos y sus ciudadanos” (OCDE, 2021).

No obstante lo anterior, esta nueva edición de DesTápate ilustra los esfuerzos de periodistas, medios de comunicación y organizaciones sociales para enfrentar los falsos dilemas que afectan la transparencia en medio de las coyunturas recientes. Por supuesto, a ellos se suman en el día a día funcionarias y funcionarios, también de distintas ramas del Estado, leales con el Estado de Derecho y con la vigencia de la Constitución, dispuestos a garantizar la eficacia del derecho fundamental de acceso a la información pública.

¿Por dónde avanzar en medio de esta situación? Sin duda, resulta necesario insistir en la obligatoriedad de la Ley 1712 de 2014 y de todo su instrumental, orientado a lograr la garantía del derecho de acceso a la información pública. Celebramos el uso cada vez más frecuente de los recursos judiciales previstos en la ley, en particular la acción de tutela, por parte de la ciudadanía; pero, en paralelo, acusamos la necesidad de dar nuevo impulso a los mecanismos de divulgación proactiva, tanto desde la oferta institucional de esa información como de la demanda ciudadana de esta.

De fondo, sin embargo, la tarea es ardua. Es imperioso revisar e insistir en la apuesta más ambiciosa contenida en la Ley 1712 de 2014, orientada a transformar la relación entre ciudadanía y Estado: generar espacios de diálogo fundamentados en datos y en información comprobable, lograr mejores escenarios de rendición de cuentas y alcanzar mayores niveles de confianza ciudadana hacia la institucionalidad pública.

 

Referencias

OCDE. (2021). Después de la pandemia de COVID-19, los gobiernos deberán dar prioridad a desarrollar resiliencia ante las crisis y a recuperar la confianza de los ciudadanos, dice la OCDE. Disponible a través de: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/panorama-de-los-gobiernos-2021.htm

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^[1] En el momento de la edición de este número, algunos de los contratos para la adquisición de vacunas por la COVID-19 fueron filtrados debido a errores en el manejo de la documentación procesal en el Consejo de Estado. Sin embargo, el camino judicial no ha terminado y aún no hay resolución final sobre el acceso.